La Comisión Europea ha aprobado hoy un proyecto de directiva para intentar que las multinacionales más poderosas y populares del planeta dejen de librarse de pagar impuestos en Europa. La medida se anuncia con carácter urgente, pero sólo se ha planteado a raíz de las revelaciones del caso Luxleaks y no tiene garantizada su entrada en vigor.

¿A qué empresas afecta la directiva?

A las empresas con operaciones transfronterizas y, en particular, a las que centralizan en algún país de baja imposición la mayor parte de los beneficios obtenidos en el mercado europeo.

¿Alguna marca en concreto?

Los nombres más populares en casi todos los sectores figuran entre los sospechosos de llevar a cabo ingeniería fiscal para no pagar los impuestos que les correponderían. En ese listado figuran Google, Apple, Disney, Starbucks, Pepsi, Ikea, Volkswagen...

¿En qué países se “refugian” esas empresas para no pagar impuestos?

En los “sospechosos habituales”, como Irlanda o Luxemburgo, pero también en otros menos conocidos como Holanda o Bélgica.

¿Cómo va a evitar la Comisión esa fuga de impuestos?

Con una directiva que impone el intercambio automático de información sobre acuerdos fiscales con empresas entre las autoridades fiscales de los 28 países de la UE.

¿Qué datos tendrán que transmitirse?

El nombre de la empresa o grupo, el alcance del acuerdo fiscal, los criterios utilizados para calcular la carga impositiva y la identificación del país potencialmente más afectado por el acuerdo.

¿Cada cuánto tiempo se compartirá esa información?

Cada tres meses. Y una vez al año, todos los países deberán enviar a la Comisión las estadísticas sobre los acuerdos fiscales que han alcanzado.

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¿Qué se logrará con esa información?

La Comisión espera que ese intercambio de información permita detectar con rapidez si una empresa está eludiendo impuestos mediante operaciones entre las filiales de sus diferentes países. También permitirá comprobar, según la Comisión, si algunas empresas están disfrutando una misma exención en varios países al mismo tiempo. E impedirá que una administración haga competencia fiscal desleal con acuerdos secretos que dejan sin ingresos a otros países.

¿Ha habido casos de acuerdos secretos y competencia desleal?

Ha habido y hay. La investigación periodística llamada LuxLeaks reveló a finales del año pasado los acuerdos firmados por Luxemburgo con más de 300 multinacionales. Y la Comisión reconoce que no sabe cuántos más puede haber ni en qué países, aunque sospecha que se trata de una práctica generalizada.

¿Serán públicos a partir de ahora esos acuerdos?

No, la Comisión no se ha atrevido a tanto, por temor a que la directiva se atascase indefinidamente y nunca entrase en vigor. Pero no descarta intentarlo más adelante.

¿Podrá negarse un Estado a intercambiar información con otro?

No, la directiva hace obligatorio ese intercambio. Ni siquiera podrá invocarse el secreto comercial o el interés público del acuerdo, dos excusas invocadas ahora con frecuencia para no facilitar datos a las autoridades fiscales de otro socio de la UE.

¿Cuándo entraré en vigor la directiva?

El objetivo de la Comisión es que entre en vigor el 1 de enero de 2016, aunque parece demasiado optimista. 

La directiva tiene que ser aprobada por unanimidad por los 28 miembros del Consejo de Ministros de economía y Finanzas de la UE (Ecofin). Letonia, país que preside la UE durante este semestre, se ha marcado como meta alcanzar un principio de acuerdo en el mes de junio. 

Pero la experiencia muestra que la tramitación de las directivas sobre fiscalidad puede encallar con facilidad, como muestra la del Impuesto sobre trasnsacciones financieras, cuya entrada en vigor se preveía para 2014, pero sigue siendo objeto de debate y ya sólo hay 11 países que parecen dispuestos a aplicarla.