A mediados del año pasado, un demacrado ex ejecutivo petrolero miraba fijamente a seis fiscales federales poco expresivos sentados al otro lado de la mesa en una pequeña oficina en el sur de Brasil.

Durante semanas, había prometido contar lo que sabía sobre un supuesto complot de lavado de dinero, pero seguía sin abrir la boca, según investigadores. Entonces, se enteró que los fiscales también investigaban a su familia por posible manipulación de evidencia. Luego de esto, Paulo Roberto Costa comenzó a hablar.

Durante sus casi 10 años como alto ejecutivo de Petróleo Brasileiro SA, conocida como Petrobras, aceptó sobornos de las mayores constructoras del país, a las que permitió defraudar a la petrolera controlada por el Estado en cientos de miles de millones de dólares a través de contratos inflados, según un relato que hizo Costa ante los fiscales y más tarde ante el Congreso brasileño. Otros ejecutivos y políticos brasileños recibieron una parte del dinero, aseguró, mientras que una red de personas que lavaban dinero les ayudó a esconder parte del botín en otros países.

La policía allanó decenas de casas y encontró elegantes autos deportivos y cajas fuertes llenas de dinero y joyas. Confiscaron tantas pinturas de valor supuestamente compradas con dinero de los sobornos, incluida una de Salvador Dalí, que permitieron que un museo exhibiera algunas de las obras.

El relato de Costa hizo estallar un escándalo que ha sacudido a Brasil, desatando una conmoción política y económica en la séptima economía del mundo. Apodada “Operación lava autos”, la investigación ha causado la renuncia de altos directivos de Petrobras, ha golpeado las acciones de la compañía y la ha obligado a cancelar proyectos y realizar miles de despidos. También se suma a los factores que tienen a la economía brasileña al borde de la recesión. Casi 50 legisladores y ex legisladores federales están siendo investigados.

Costa está bajo arresto domiciliario y coopera con los fiscales. Decidió hacerlo para proteger a su familia, dijo su abogado, João Mestieri, así como para “redimirse”. El abogado indicó que en un acuerdo de conciliación que busca una sentencia menos severa, Costa admitió los hechos de corrupción y haber enviado dinero al extranjero, que desde entonces ha devuelto.

La onda expansiva del escándalo ha llegado a la presidenta brasileña Dilma Rousseff, quien era presidenta de la junta directiva de Petrobras durante gran parte de los supuestos hechos de corrupción. Rousseff ha negado tener conocimiento de la situación y no ha sido implicada, pero sus índices de aprobación se han derrumbado. El 15 de marzo, más de un millón de personas protestaron en ciudades en todo el país, muchos de ellos pidiendo su renuncia.

En medio de la indignación pública y la reflexión sobre el potencial desaprovechado, es fácil pasar por alto otro ángulo del escándalo: los organismos jurídicos y encargados de hacer cumplir la ley han comenzado a surgir como instituciones independientes.

El caso saltó a la esfera nacional bajo la dirección de nueve fiscales poco conocidos que están enfrentándose a algunas de las fuerzas más poderosas del país. Muchos estudiaron en el exterior y están usando estrategias relativamente nuevas en Brasil, como rebaja de penas a cambio de información. Los medios locales los llaman “los nueve jinetes del apocalipsis”.

Su éxito o fracaso en el prominente caso tendrá un gran impacto a la hora de determinar si Brasil puede romper con una larga historia de corrupción e impunidad, un legado que muchos dicen ha perjudicado la economía y la confianza en el gobierno. Brasil se ubica en el puesto 135 entre 144 países en un ranking de uso debido de fondos públicos, según un informe reciente del Foro Económico Mundial, con sede en Suiza.

Ejecutivos de empresas de construcción han sido esposados y enviados a la cárcel frente a las cámaras de televisión, un espectáculo que ha dejado boquiabiertos a los ciudadanos de un país donde los ricos y poderosos son acusados de recibir un trato privilegiado.

“El temor a la ley era algo que no existía en Brasil para los delincuentes de cuello blanco y los políticos”, dijo Paulo Roberto Galvão de Carvalho, uno de los nueve fiscales. “Esto debe cambiar y está cambiando”.

Cuatro ex ejecutivos de Petrobras y al menos 23 ejecutivos de empresas de construcción han sido acusados de delitos como corrupción y lavado de dinero. Algunos han admitido la culpa a cambio de una rebaja de pena, afirman los fiscales, mientras otros han negado los cargos e irán a juicio. Abogados que representan a las empresas y a sus ejecutivos o bien negaron estar implicados, o dijeron que estaban cooperando, o no respondieron a pedidos de comentarios. Hasta ahora, no se han realizado juicios ni emitido condenas.

Investigación de congresistas

Ahora, el caso está ingresando en su fase más importante y potencialmente explosiva. En marzo, la Corte Suprema les dio a los fiscales luz verde para investigar a 48 miembros o ex miembros del Congreso.

La lista incluye al ex presidente brasileño Fernando Collor de Mello, quien enfrentó un juicio político en 1992 y tuvo prohibido participar en la vida pública durante casi una década. En 2006 ganó una banca en el Senado. El ex mandatario ha negado cualquier irregularidad. El año pasado, dos décadas después de su juicio político por cargos de corrupción, la Corte Suprema lo declaró no culpable.

De cierto modo, el escándalo de corrupción es un derivado de una cultura política que alienta el regateo de influencias, señalan analistas aquí. Muchos altos cargos en Petrobras son nombramientos políticos. El Congreso brasileño incluye legisladores de múltiples partidos pequeños —a veces llamados “partidos de alquiler”— que sobreviven formando coaliciones con los partidos más grandes a cambio de cargos públicos y otros beneficios.

Un partido pequeño, el Progresista, tiene 21 legisladores que están siendo investigados. La colectividad afirmó que “confía en que la pesquisa llevará a la verdad sobre la Operación lava autos”.

Según la ley brasileña, los funcionarios elegidos por voto popular deben ser juzgados por la Corte Suprema, donde las condenas a políticos han sido poco frecuentes. La Corte actualmente tiene 10 jueces, siete de ellos nombrados por Rousseff o su antecesor y aliado, Luiz Inácio Lula da Silva.

Los fiscales afirman que los sobornos parecen haber comenzado en 1997. Las firmas de construcción que querían hacer negocios con Petrobras acordaban pagar coimas a ejecutivos de la petrolera, que inflaban los costos de los contratos. Las mordidas ascendían a alrededor de 3% de los contratos inflados, según el testimonio de Costa ante el Congreso y de otro ex gerente que llegó a un acuerdo para declararse culpable, Pedro Barusco. Ambos indicaron que los funcionarios de Petrobras que actuaban de facilitadores de los negocios se quedaban con una parte del efectivo de los contratos inflados y destinaban el resto a un fondo para legisladores y partidos políticos.

Los fiscales afirman que unas 230 empresas están bajo investigación y que el dinero defraudado podría ascender a más de US$700 millones. Un ex presidente ejecutivo de Petrobras dijo este año que los cargos contables por los valores inflados probablemente ascenderían a por lo menos US$1.200 millones, quizás mucho más.

Petrobras no ha realizado una estimación pública. La empresa se considera una víctima del supuesto plan y dice que colabora con la investigación.

Barusco —quien, según los fiscales, ha llevado de vuelta a Brasil US$44,6 millones que estaban en cuentas bancarias suizas— afirmó en marzo en una comparecencia ante el Congreso que el Partido de los Trabajadores, que está al frente del gobierno, recibió el doble de dinero de sobornos que él, a través del tesorero de la agrupación. El tesorero acusado de corrupción y lavado de dinero ha negado haber actuado ilegalmente, al igual que el PT. Un abogado de Barusco no respondió a solicitudes de comentarios.

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La Operación lava autos —bautizada así porque un avance en el caso tuvo lugar en la estación de gasolina de un sospechoso— empezó casi por accidente.

Mientras investigadores en el estado sureño de Paraná rastreaban las actividades de un confeso lavador de dinero llamado Alberto Youssef, descubrieron que en 2013 había regalado una camioneta Land Rover Evoque de US$78.000 a Costa, el ex ejecutivo de Petrobras.

Eso llamó la atención de Deltan Dallagnol, un fiscal federal en Curitiba graduado de la Escuela de Derecho de Harvard. Órdenes de allanamiento revelaron suficientes pruebas para acusar a Costa y los fiscales obtuvieron pistas sobre otros ejecutivos de Petrobras que parecían hacer negocios con Youssef.

El individuo aceptó cooperar a cambio de una sentencia reducida por lavado de dinero, según los fiscales. Su abogado dijo que Youssef niega otros cargos, como corrupción. El confeso lavador, quien se encuentra en la cárcel, no quiso ser entrevistado.

Presintiendo que estaban ante algo de grandes dimensiones, Dallagnol, de 34 años, y su colega Carlos Fernando dos Santos Lima, un graduado de la Universidad de Cornell de 50 años, formaron un equipo para investigar sus pistas. El par eligió otros fiscales que consideraban de confianza y que estaban dispuestos a mudarse a Curitiba.

Los fiscales han intentado mantener la investigación en esa ciudad de dos millones de habitantes en el sur del país, lejos de los centros de atención de São Paulo y Rio de Janeiro. Allí han recibido la ayuda del juez federal Sergio Moro, quien ha emitido muchas de las órdenes de allanamiento en el caso, y de la división local de la policía federal, que ayudó a recabar evidencia. Los fiscales han luchado contra varios intentos de los abogados defensores de dividir el caso entre diferentes jurisdicciones.

La mayoría de los miembros del equipo, cuya edad media es de 36 años, estudiaron en prestigiosas escuelas de derecho de Estados Unidos, Europa y Brasil, pero no son ampliamente conocidos en los círculos jurídicos del país.

Dallagnol lo considera una fortaleza. “Confiamos el uno al otro. Todos quieren hacer el trabajo técnico”, dice. “Y hemos alcanzado suficiente madurez como para no desear los 15 minutos de fama. Nuestro enfoque no es aparecer en televisión, sino realizar un buen trabajo”.

Un equipo unido

El grupo se ha organizado más como una firma de abogados que un típico equipo de fiscales. Cada uno tiene una especialidad, como lavado de dinero o fraude electrónico.

Los fiscales suelen cenar juntos y socializar como una unidad, y mantienen sus comunicaciones en privado al evitar los e-mails y utilizar la aplicación de mensajería cifrada Telegram. En lugar de usar el teléfono o enviar documentos legales por correo, se reúnen en persona con sospechosos y testigos siempre que pueden. Uno de los motivos es realzar la importancia del caso.

Los fiscales recurren mucho a acuerdos de culpabilidad con los acusados, una técnica que no había sido utilizada con frecuencia en Brasil. Hasta ahora han alcanzado 12 conciliaciones de este tipo, muchas de las cuales involucran el lavado de dinero, y esperan llevar a cabo otras.

“Están tratando de traer algunas cosas del sistema jurídico estadounidense al sistema jurídico brasileño”, señala Vicente Mendonça, un abogado estatal de Rio de Janeiro y ex compañero en Harvard de Dallagnol. “Es parte de un cambio general de la mentalidad en Brasil. Este es un punto de inflexión en el sistema jurídico brasileño”.

Su principal testigo, Costa, trabajó en Petrobras por 35 años, según sus declaraciones, ascendiendo a un nivel en el que supervisaba proyectos de refinería de miles de millones de dólares antes de retirarse en 2012. Los fiscales dijeron que en varias horas de interrogatorios, Costa detalló cómo y cuándo recibió sobornos y de quiénes.

Costa está bajo arresto domiciliario en un barrio de clase alta de Rio de Janeiro. Cuando los fiscales necesitan que aclare algo, hacen una llamada a través de Skype desde una computadora en su oficina. Parte del acuerdo con los fiscales lo obliga a contestar sus llamadas, día o noche.

Lo que generó la investigación de miembros de la familia Costa fueron imágenes captadas por una cámara de seguridad cuando retiraban documentos y dinero de la firma de consultoría de Costa después de su arresto en marzo de 2014, según documentos judiciales. Uno de los abogados de los familiares no quiso hablar sobre la culpabilidad o inocencia de sus clientes y dijo que los detalles del acuerdo entre los fiscales y Costa son confidenciales.

El efecto último de la Operación lava autos tal vez no se sepa por años. Las firmas de los abogados defensores están intentando desacreditar el trabajo de los fiscales. Uno ha pedido el retiro del juez Moro del caso. Otro busca que se descarte toda la evidencia de mensajes instantáneos de BlackBerry.

Algunos en Brasil temen que la política se imponga sobre la justicia. En febrero, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, se reunió en privado con abogados de la mayor constructora de Brasil, Odebrecht SA, que se encuentra entre las firmas bajo investigación, según la policía federal. Cardozo dijo entonces que los funcionarios tenían el deber de reunirse con los abogados y que Odebrecht no pidió un trato especial. La empresa negó haber participado en sobornos y dijo que había solicitado la reunión para quejarse sobre filtraciones a los medios de comunicación.

La presión está creciendo para que se alcancen acuerdos con las empresas de construcción paralizadas por el escándalo, para proteger la economía. Los fiscales se oponen enfáticamente, ya que recuerdan que en el pasado las compañías alcanzaron acuerdos bajo los cuales se desestimaron las acusaciones contra sus gerentes. Hasta ahora, se han alcanzado dos conciliaciones con empresas de construcción, en las que admitieron culpa y acordaron proveer información adicional.

Los fiscales tienen ambiciones que van más allá de la Operación lava autos. Quieren reescribir secciones del código penal de Brasil que, según afirman, facilita que los ricos y poderosos escapen con castigos leves. A través del fiscal general, enviaron hace poco al Congreso una lista de propuestas de reformas.

“Creo que Brasil será un país diferente después de la conclusión de este proceso”, confía Antonio Augusto de Queiroz, director de DIAP, un organismo regulador del Congreso. “Si las personas (de altos ingresos) van a la cárcel, con sus activos confiscados, quien considere hacer lo mismo tendrá que pensar acerca de la relación costo-beneficio”.

A: P